En una reciente auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno descubrió una actividad fraudulenta en el otorgamiento de pensiones por invalidez, que asciende a 3.400 millones de dólares. Este fraude se produjo durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, cuando el número de beneficiarios se incrementó de 79.000 a más de un millón.
Las irregularidades detectadas incluyen la presentación de pruebas médicas falsificadas, beneficiarios que no cumplían con los requisitos y otros abusos en el sistema. La auditoría reveló que muchas de las pensiones fueron otorgadas sin el debido control y verificación, permitiendo que se cometieran estos fraudes a gran escala.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que se llevarán a cabo denuncias penales por cada uno de los casos identificados en la auditoría. Adorni enfatizó la determinación del Gobierno de erradicar la corrupción en el sistema de pensiones y recuperar los fondos malversados.
El fraude fue descubierto gracias a un exhaustivo análisis de los expedientes y la comparación de datos entre diferentes organismos del Estado. Este esfuerzo permitió identificar patrones y conexiones entre los casos fraudulentos.
Además de las denuncias penales, el Gobierno ha iniciado un proceso de revisión de todas las pensiones otorgadas durante el período en cuestión. Este proceso incluirá la verificación de la documentación y las condiciones de los beneficiarios actuales para asegurar la legitimidad de cada caso.
El Gobierno ha señalado que esta auditoría es solo el comienzo de una serie de medidas destinadas a transparentar y mejorar la administración de las pensiones por invalidez, garantizando que solo aquellos que realmente lo necesiten reciban estos beneficios.
