El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel.
El juez federal, Sebastián Casanello, consideró que hay pruebas para sostener el dirigente desviaba fondos que eran entregados a través del plan Potencia Trabajo para fines políticos partidarios.
En la imputación, Casanello mencionó pruebas que considera suficientes, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
Dentro de la resolución Casanello, de 168 páginas, el juez detalla que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.
Indica que “el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.
