El martes 25 de junio se llevó a cabo la última y más importante ronda de indagatorias en la causa que investigaba al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado: Eduardo Belliboni se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
El líder del Polo Obrero enfrentó dos grandes acusaciones: por un lado, se le acusa de haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por emitir facturas falsas (administración fraudulenta) y, por otro lado, se le responsabilizaba por extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social bajo la órbita de su organización.
Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por ese motivo, la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones, de los cuales $81 millones nunca fueron rendidos, es decir, se desconocía para qué se utilizaron.
Eduardo Belliboni declaró sobre facturas falsas, millones sin rendir y dos grandes acusaciones en su contra. El juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano detallando que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas del dinero recibido como unidad de gestión. De hecho, la cartera conducida por Sandra Pettovello ya había intimado cinco veces al PO para que entregara la documentación respaldatoria, pero hasta ese momento no había obtenido respuesta.
En total, fueron cinco los convenios que el Polo Obrero no rindió, sumando un total de $81 millones. El más importante era por $48 millones, otro por $24 millones y los restantes tres completaban la cifra. En las intimaciones, Capital Humano pedía la presentación de la documentación respaldatoria de los gastos, lo cual hasta el momento no había ocurrido.
