El nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está preparando una serie de decretos para eliminar más de 60 organismos estatales. Este esfuerzo, que comenzó en marzo, busca reducir la estructura del gobierno sin la intervención del Congreso.
Sturzenegger está trabajando en esta iniciativa junto con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, con quienes está afinando los detalles de los decretos.
Según el Mapa del Estado, el Sector Público Nacional (SPN) incluye 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados. La Ley de Hojarasca, una marca distintiva de Sturzenegger desde su tiempo en el Banco Central, se complementa con las facultades extraordinarias que permiten al presidente Javier Milei “modificar o eliminar las competencias y funciones” de estos entes.
Sin embargo, la Ley Bases excluye a ciertos organismos del alcance presidencial, como el CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA y SENASA, entre otros.
En el contexto de la desregulación, Sturzenegger es visto favorablemente dentro de la administración libertaria para representar al Poder Ejecutivo en el Consejo de Mayo. Este organismo fue creado tras la firma de un pacto con 18 gobernadores para implementar y cumplir los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio en Tucumán.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presidirá la mesa colegiada del Consejo de Mayo, como establece el decreto 617/2024. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, se considera a Sturzenegger como un fuerte candidato para ser el representante del Ejecutivo. Un colaborador cercano al presidente destacó que Sturzenegger “es un muy buen candidato para ocupar ese rol porque tiene en claro la agenda hacia donde hay que ir”.
Además de Sturzenegger, se están considerando otros candidatos para la posición, como el vocero presidencial Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert, ambos cercanos al presidente.
La decisión final se tomará en los próximos días, ya que hay un plazo de 30 días después de la publicación del decreto. Se espera la designación del consejero propuesto por las provincias firmantes y la Ciudad de Buenos Aires, así como los representantes de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, las organizaciones sindicales y el sector empresarial.
