Tras la multitudinaria marcha realizada este miércoles, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Se trata de la segunda vez que el mandatario rechaza un proyecto convalidado por el parlamento, tras lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria.
En el segundo punto, señala: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior”. “Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, finaliza.
La decisión de vetar estaba tomada por el presidente Javier Milei desde antes de que la propuesta para garantizar el financiamiento de las universidades se votara en el Congreso. El fundamento oficial para la negativa es que atenta contra el déficit cero. “El veto será total”, había anticipado el Presidente a través de su cuenta de la red social X, horas después de la aprobación por parte del Legislativo.
En la Casa Rosada afirman que aún no tienen el compromiso asegurado de Pro para sostener el veto y, por ende, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa. Sin embargo, confían en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien recorre pasillos y despachos en busca de “voluntades” que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados.
El Poder Ejecutivo estiró por más de tres semanas la decisión luego de que la ley fuera aprobada con más de dos tercios de los votos en el Senado y llega muy cerca de cumplirse el plazo de diez días hábiles con los que se cuenta para rechazar la medida. No obstante, el Gobierno dilató el veto hasta después de la marcha con la intención de reducir la convocatoria de sectores críticos de la gestión libertaria y evitar conflictos.
Según argumentó el Presidente para tomar la decisión, no se especificaron de dónde se obtendrían los recursos para aumentar el presupuesto de las universidades públicas de todo el país. La ley establecía la actualización por inflación del presupuesto para las casas de estudio con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo se habría aplicado de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.
