La Justicia desató una serie de 27 allanamientos en una pesquisa que investiga a dirigentes sociales por prácticas extorsivas hacia los beneficiarios de planes sociales. Las denuncias fueron canalizadas a través de la línea 134, revelando un entramado de coerción y amenazas orquestado por referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
Entre las evidencias presentadas por la fiscalía, destacan los chats donde se evidencian los chantajes perpetrados por estos líderes piqueteros. En uno de los diálogos, Patricia Iramain, delegada del comedor Rivadavia I, vinculado al Polo Obrero, expone cómo aquellos que no asisten a las marchas son privados de retirar la mercadería.
En el caso específico del comedor Rivadavia I, dirigido por Iván Ezequiel Candotti, se descubrió un esquema donde los beneficiarios debían participar en movilizaciones para acceder a los programas sociales y sino había “castigos”.
Esto se traducía en un escalafón de beneficios, donde quienes asistían a las marchas eran catalogados como “esenciales” y luego ascendían a una categoría denominada “cuadrilla”, recibiendo mayores ayudas.
En un chat, Gustavo Vásquez, otro de los involucrados, solicita contribuciones mensuales a los beneficiarios para “sostener a la organización”, bajo el pretexto de enfrentar la influencia política de Milei.
El expediente revela un sistema de control y sanciones sobre las víctimas, incluyendo multas de hasta $10,000 por ausencia en las marchas, exigencia de justificaciones médicas para las inasistencias y prohibición de retirar alimentos por períodos determinados.
La investigación también destapó conversaciones telefónicas donde los punteros expresan preocupación ante la posibilidad de ser investigados por lavado de dinero, evidenciando la intrincada red de corrupción.
Los allanamientos arrojaron el secuestro de millones de pesos, dólares, celulares y documentación relevante para el caso. La fiscalía ordenó indagatorias para los 28 involucrados, señalando la existencia de 924 casos de extorsión.
La pesquisa apunta a esclarecer el destino de los fondos ilícitos, presumiblemente canalizados a través de cooperativas. El Tribunal ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los acusados para determinar su enriquecimiento ilícito.
Los delitos de amenazas coactivas y extorsión, tipificados en el Código Penal, conforman el eje central de la investigación judicial, que busca poner fin a estas prácticas abusivas que vulneran los derechos de los más necesitados.
