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Unos 500 mil estudiantes y docentes universitarios marcharon a Plaza de Mayo en defensa de la educación pública

Este martes, en distintas ciudades de Argentina, las universidades públicas se movilizaron bajo el lema “En defensa de la universidad pública y gratuita” para expresar su rechazo al ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei. Esta medida generó un amplio repudio por parte de rectores, sindicatos y estudiantes, quienes denuncian el impacto negativo que está teniendo en el sistema educativo del país.

El ajuste presupuestario es especialmente preocupante para las instituciones educativas, dado que, a pesar del aumento de la inflación, los fondos asignados por el gobierno para el año 2024 son similares a los del año anterior. Esta falta de actualización presupuestaria ha llevado a una situación crítica en las universidades, afectando tanto el funcionamiento cotidiano como los salarios del personal docente y no docente.

Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha destacado varios puntos de preocupación. En primer lugar, señala que los fondos destinados a gastos de funcionamiento no alcanzan ni siquiera el 50% de lo necesario, considerando el aumento de los costos operativos debido a la inflación. Además, destaca la pérdida significativa del valor adquisitivo de los salarios del personal universitario, que ha disminuido alrededor del 50% desde diciembre.

La demora en la convocatoria del sistema de becas, la paralización del sistema de ciencia y técnica, y la falta de avance en obras de infraestructura también son aspectos que generan preocupación en el ámbito universitario.

Carlos De Feo, Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), enfatiza que el ajuste afecta a todas las universidades nacionales del país, donde trabajan alrededor de 250 mil personas y estudian dos millones y medio de estudiantes. La falta de acuerdo en las paritarias y la ausencia de aumentos salariales que compensen la inflación están llevando a una situación insostenible para los trabajadores universitarios.

La situación también impacta negativamente en el estudiantado, que ve afectada su cursada por cortes de luz, falta de insumos en las aulas y deterioro de sus condiciones de vida. Ainara Melo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, destaca cómo esta crisis está obligando a algunos estudiantes a abandonar sus estudios debido a dificultades económicas.

La movilización estudiantil y sindical refleja un amplio rechazo a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, que ponen en riesgo el acceso a una educación pública y de calidad en Argentina. La esperanza de los manifestantes es que estas acciones logren revertir la situación y garantizar el futuro de la educación superior en el país.

El comunicado que se leyó en Plaza de Mayo:

Piera Fernández, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), leyó un comunicado frente a una multitud de universitarios que marcharon este martes a Plaza de Mayo.

“Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes)”, comenzó el documento.

“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”, agregó Fernández.

“Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad”, detalló.

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