Por Caroliva Villalba
Este viernes se cumplen siete años desde la desaparición de Johana Ramallo, quien fue captada y asesinada en 2017, presuntamente por una red de trata. Este caso conmocionó a La Plata y, hasta la fecha, no hay condenados. Aunque en 2023 la causa fue elevada a juicio contra siete imputados, la familia aún espera una fecha concreta para el inicio del proceso judicial.
Johana tenía 23 años cuando desapareció. La investigación reveló que fue víctima de una organización narcocriminal que operaba en la “zona roja” de La Plata, en el barrio El Mondongo, un área conocida por la explotación sexual y el comercio de drogas.
La desaparición de Johana Ramallo
Ramallo, madre de una niña que hoy tiene 14 años, había decidido regresar a la casa de su madre, Marta, tras una pelea con su pareja. La situación económica y su consumo problemático de drogas la llevaron al ambiente de la noche y, finalmente, a la prostitución en un contexto de vulnerabilidad absoluta.
La investigación determinó que Johana salió de su casa el 26 de julio de 2017 por la tarde. Se despidió de su madre con un beso y prometió regresar por la noche. Marta la esperaba con la comida lista, una sopa de puchero, pero Johana nunca volvió.
Al día siguiente, Marta fue a la comisaría para denunciar su desaparición. “Debe estar con algún machito por ahí”, le dijeron, palabras que quedaron grabadas en su memoria. Marta no se rindió y continuó insistiendo hasta que finalmente la escucharon.
Un largo y tortuoso proceso judicial
La causa primero recayó en la UFI N°2, a cargo de Betina Lacki, quien ordenó varias medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad de la zona. La última imagen de Johana fue tomada por una cámara de una estación de servicio en Avenida 1 y 63, donde se la ve entrando a un baño el mismo día de su desaparición.
Sin noticias de Johana y con dudas sobre la investigación, el 20 de septiembre de 2017, su madre presentó otra denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, argumentando que la desaparición de su hija podía estar vinculada al delito de trata de personas. Ocho días después, el expediente pasó a la Justicia Federal, inicialmente a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu y luego del juez Alejo Ramos Padilla, quien solicitó una serie de allanamientos y declaraciones testimoniales, y se imputaron a 17 personas en principio.
El hallazgo de los restos de Johana
Después de dos años de búsqueda, en los que Marta encabezó numerosas marchas por la ciudad, el 24 de agosto de 2018, la Justicia la llamó para darle la peor noticia. “El juez Ziulu me sentó, me dijo que me lo tomara con calma, me dio un pañuelito descartable y me contó que se encontró un brazo que podía ser de mi hija. ¿Cómo no iba a perder la calma? No tuvo conciencia ni respeto por la vida”, recordó Marta.
El brazo, que parecía ser de una mujer, fue encontrado en las costas de la ciudad de Berisso, en la zona conocida como “Palo blanco”. Tres meses después, apareció una mano. Estos restos fueron identificados como de Johana Ramallo recién en abril de 2019, cuando el equipo de Antropología Forense de La Plata los cotejó con el ADN de su madre.
“No les importa la vida de nuestras pibas. Yo, como tantas madres víctimas de trata, tomamos el coraje para sobrevivir al dolor. Con el femicidio de Joha siento que se llevaron parte de mí, pero no me sacaron una pierna, me sacaron a una hija y sin una hija cuesta salir a luchar. Tengo nietos y una nena hermosa de 14 años en plena adolescencia que me dejó Johana, que lleva la cara de su madre marcada en la memoria”, agregó Marta.
La elevación a juicio y la espera interminable
Según informaron desde la fiscalía federal, se abrieron dos causas que se investigan en paralelo: una por trata de personas con fines de explotación sexual y comercio de estupefacientes, que ya fue elevada a juicio contra siete imputados, y otra por el crimen, cuya instrucción aún no se ha cerrado.
El principal sospechoso que será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata es Carlos Rodríguez, conocido como “El cabezón”. Es señalado como proxeneta en el barrio El Mondongo y un eslabón importante en la distribución de cocaína en el barrio.
Para la Justicia, Rodríguez ofrecía servicios sexuales de mujeres vulnerables. Según el requerimiento, operaba junto a Carlos Omar Rodríguez, Federico D’Uva Razzari, Jimmy Oswaldo Alvarado Montes (fallecido), Carlos Alberto Espinoza Linares, Celia Andresa Benítez, Celia Noemí Giménez y Erika Garraza.
Las fiscales a cargo del caso destacaron que la organización criminal utilizaba un modus operandi cruel: un grupo de hombres, referenciados como los “ocho cuarenta”, prometían “cuidarlas” y se aprovechaban de las mujeres, en su mayoría en situación de prostitución, para controlarlas a través del suministro de drogas y la explotación sexual. Este círculo vicioso mantenía a las víctimas en un estado de dependencia y vulnerabilidad extrema, dificultando su salida de la red criminal.
La angustia de la familia y la lucha por justicia
A pesar de la elevación a juicio, la familia de Johana Ramallo enfrenta una nueva espera: la fecha para el inicio del proceso judicial. Según Marta, la demora en la Justicia prolonga innecesariamente su dolor y angustia.
“Ya son siete años que llevo en la búsqueda de justicia. Es difícil de procesar todo esto y más un duelo de una muerte como la de Joha, que fue tan cruelmente asesinada. Imaginarse que se encontró parte de su cuerpo es un daño psicológico tremendo para mí y mi familia desde el primer día de su desaparición”, expresó Marta.
Marta también denunció que durante estos años de lucha sufrió hostigamiento y persecución. “Hace tres meses pasé por un banco rojo que pintaron en memoria de Johana y estaba vandalizado. Me armaron causas para meterme presa, allanaron dos veces mi domicilio acusándome de robarme un celular y un freezer. Un día se metieron a mi casa, me golpearon, rompieron la puerta de la pieza y lo sacaron a mi nene con un arma en el pecho. Tengo una consigna policial de la prefectura en la puerta de mi casa y aun así me clavan un allanamiento. Ya denuncié todo en asuntos internos”, relató.
Para Marta, los responsables de la muerte de Johana “son muchos más” de los que están imputados. “Exigimos justicia y penas para todos los culpables. Queremos que se investigue al poder, a la comisaría que encubre el proxenetismo, al narcotráfico y a los asesinos de Johana. La zona la maneja la policía, y no digan que son unos pocos porque hay más responsables”, sostuvo.
A pesar de todo lo que tuvo que afrontar, aseguró: “Durante estos 7 años de lucha, desde la querella y los que nos acompañan, venimos haciendo presentaciones, moviendo la causa e investigando. Si no fuera por eso, no se hubiera llegado a la elevación a juicio. Queremos que nos den ya la fecha de juicio, que los juzguen y les den la pena mayor, sin goce de beneficio. No bajamos los brazos nunca. Sufrimos angustia y depresión, pero lo importante es seguir”.
